Crisis en el Cementerio Municipal de Los Vilos, » Entre la indignación vecinal y la respuesta de la autoridad ante el colapso «
Por Isaias Ramirez Pereira
Direccion Radio Los Vilos.
El conflicto desatado en torno al Cementerio Municipal de Los Vilos refleja una de las problemáticas más sensibles de la gestión local, la tensión entre la urgencia operativa de la administracione municipal y el respeto a la dignidad ciudadana y la memoria de los difuntos. El reclamo formal interpuesto por vecinos, familias y propietarios de mausoleos no es solo una queja por obras de infraestructura, sino la manifestación de un descontento acumulado frente a la planificación urbana y la gestión de crisis por parte del municipio.
El núcleo inmediato del conflicto surge de una medida desesperada, la construcción de nuevos nichos sobre pasillos, avenidas y bandejones del actual camposanto. Para la comunidad, esto no representa una solución técnica, sino un » grave atropello » que reduce los espacios de circulación, generando un ambiente de hacinamiento y precariedad.
Este hecho pone en evidencia la falta de planificación a largo plazo.- Al improvisar obras en espacios comunes, la administración municipal vulnera el libre tránsito y afecta el valor simbólico y de recogimiento que el cementerio tiene para las familias afectadas, evidenciando además una alarmante desconexión con la ciudadanía, caracterizada por la nula participación y ausencia de información previa.
El problema de fondo, según denuncian los afectados, va mucho más allá de los pasillos del actual cementerio. Desde hace años, la comuna cuenta con un terreno asignado para la construcción de un nuevo camposanto. Sin embargo, este paño se encuentra actualmente ocupado por una toma ilegal.
La acusación de los vecinos apunta a una omisión por cálculo político, la reticencia de la autoridad a ejecutar un desalojo por temor a costos electorales o sociales. Ante la incapacidad o el retraso en recuperar este terreno, la administración optó por soluciones « parche » dentro del recinto actual, trasladando el costo del problema a los difuntos y sus familias. Esta estrategia evidencia cómo la inacción en materias de ordenamiento territorial y seguridad termina impactando directamente en la gestión de servicios públicos básicos.
Frente a la presión ciudadana y la formalización del petitorio —que exige la paralización de las obras, explicaciones y un plan transparente—, la respuesta municipal y gubernamental no tardó en articularse. El alcalde Christian Gross, acompañado por el Delegado Presidencial Provincial del Choapa, Cristian Rondanelli, concejalas y equipos técnicos, fijó una hoja de ruta concreta.
Intervención social: Dirigida a las familias de la toma donde se emplazará el nuevo Cementerio que cumplan con requisitos específicos.
Acción policial y legal: Un plazo fatal de 90 días hábiles para la desocupación voluntaria, tras el cual se procederá al desalojo coordinado con la Delegación Presidencial y Carabineros.
Las declaraciones del alcalde al señalar que « llegó el momento de que este proyecto tan emblemático… se pueda concretar » y que el tema se ha tratado » de una manera muy cuidadosa «, buscan equilibrar la necesidad de firmeza institucional con la sensibilidad del caso. El objetivo es destrabar el proyecto para lograr concretar el convenio con el Gobierno Regional, la licitación y la posterior construcción del nuevo cementerio durante el presente año.
El caso del Cementerio Municipal de Los Vilos es un claro ejemplo de cómo la postergación de soluciones estructurales termina generando crisis institucionales y también comunitarias.
Si bien la la convocatoria que se realizó en el recinto del Anfiteatro del Colegio Diego de Almagro liderada por el alcalde Christian Gross y la Delegación Presidencial aporta certeza y plazos claros (90 días) para destrabar el proyecto del nuevo camposanto, la administración municipal queda bajo vigilancia ciudadana. El cumplimiento efectivo de este ultimátum no solo determinará la viabilidad del nuevo cementerio, sino que pondrá a prueba la capacidad de respuesta y la credibilidad de las autoridades locales frente a una comunidad que ya demostró estar dispuesta a exigir formalmente respeto, transparencia y eficacia en la gestión pública municipal.
