¿Qué pasó con los funcionarios que permitieron la liberación de miembros del Tren de Aragua en Los Vilos ?
El escándalo judicial desatado en junio de 2024, cuando el Tribunal de Los Vilos permitió la liberación temporal de peligrosos integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua —vinculados incluso a su cofundador, Larry Changa—, sigue generando repercusiones. Mientras el Gobierno de Colombia autorizó recientemente la extradición de Larry Changa hacia Chile para que responda por asociación criminal y secuestros, en el ámbito interno la Fiscalía Nacional aplicó severas sanciones administrativas a los persecutores responsables de la fallida audiencia.
Los hechos se remontan al 3 de junio de 2024 , en el Juzgado de Garantía de Los Vilos. Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, el entonces abogado asistente de la fiscalía local, Luis Soto, compareció ante el tribunal para enfrentar la solicitud de la defensa de modificar la prisión preventiva de cinco imputados por secuestro.
Sin embargo, debido a un evidente desconocimiento de la causa ya la falta de argumentos técnicos, Soto omitió solicitar la mantención de la prisión preventiva . La situación fue de tal gravedad que la magistrada Daniella Pinto lo reprendió severamente en plena audiencia. Ante la falta de oposición del Ministerio Público, el tribunal decretó la sustitución de la medida cautelar por una fianza de 5 millones de pesos, desatando una masiva fuga de imputados y una profunda crisis política y de seguridad pública.
Tras un sumario interno instruido por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y zanjado mediante un oficio firmado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, se determinaron las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados:
Patricio Jory, el entonces fiscal jefe de Los Vilos (quien actualmente se desempeña en la Fiscalía Centro Norte) fue castigado con un mes de suspensión de sus funciones y el descuento del 10% de su remuneración (equivalente a poco más de 700 mil pesos). El sumario inició su responsabilidad jerárquica, aunque se atenuó la sanción debido a su reconocimiento del error y su irreprochable conducta anterior.
Luis Soto, el exabogado asistente, quien ya no pertenece al Ministerio Público, recibió la sanción más gravosa del proceso administrativo: dos meses de suspensión de funciones.
Víctor Vicencio Ahumada, el entonces exadministrador de la fiscalía local fue sancionado con una amonestación privada por falta de coordinación en la tramitación de causas junto a Jory.
La defensa y el recurso judicial de Luis Soto
La disparidad en las sanciones aumentó la polémica interna. Al recibir una sanción de dos meses (superior a la de su jefatura), Luis Soto interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, calificando la medida de « ilegal y arbitraria » y acusando que sus descargos no fueron ponderados de forma correcta.
En el texto legal, Soto argumenta que al momento de los hechos llevaba poco más de cinco meses en el Ministerio Público y que su perfil era considerado por sus propios superiores como » muy básico «, careciendo de la experticia necesaria y requiriendo supervisión constante.
Asimismo, el ex asistente cuestiona que se le haya aplicado un castigo mayor que al fiscal a cargo, » Sancionar el efecto (el error del asistente) con mayor dureza que la causa (la negligencia jerárquica y la falla del servicio) quiebra el principio de proporcionalidad » , señala el libelo ingresado al tribunal de alzada, el cual se encuentra a la espera de ser admitido a tramitación.
Mientras los tribunales evalúan la acción legal presentada por el exfuncionario, el caso continúa avanzando en su arista penal principal, marcado ahora por el retorno a Chile de Larry Changa para enfrentar a la justicia por los graves delitos atribuidos a esta facción del crimen organizado.
